Un empresario denuncia ante el Tribunal de Cuentas el pago de productividades y horas extras en San Bartolomé de Tirajana
Juan Manuel Pérez León alerta de presuntas irregularidades contables en la gestión de fondos públicos | Pide que se indague sobre «posibles sobresueldos de hasta 24.000 euros trimestrales encubiertos bajo el concepto de productividad»
El pago de productividades y gratificaciones por horas extras a empleados públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acaba en el Tribunal de Cuentas. Tras meses de polémicas y críticas públicas, un empresario del municipio, Juan Manuel Pérez, ha decidido dar el paso y ha presentado una denuncia «por presuntas irregularidades contables en la gestión de los fondos públicos» referidas al «abono sistemático de complementos de productividad y gratificaciones extraordinarias sin los requisitos normativos exigibles y sin control económico suficiente«.
En concreto, el denunciante insta a fiscalizar si los pagos realizados por esos conceptos en los años 2024 y 2025 cumplen con los criterios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia definidos por el propio Tribunal de Cuentas. A juicio de Pérez, hay indicios de la existencia de «un menoscabo en los fondos públicos« gestionados por el gobierno local para hacer esos abonos en esos dos años. Pone el foco en dos decretos, uno, el 2125/2025, para el abono de 806.395 euros en concepto de complemento de productividad correspondiente al primer trimestre de 2025 y otro, el 2020/2025, de 10 de abril de 2025, para el pago de 72.783 euros en gratificaciones extraordinarias por el mismo trimestre.
Pide si se han aprobado formalmente los programas de objetivos exigidos reglamentariamente y si han sido comunicados con carácter previo a todos los empleados; si existe un sistema de evaluación individual del desempeño y en qué medida se ha aplicado; y si se han abonado complementos de productividad a empleados que ostentan simultáneamente más de una jefatura, lo que contravendría el reglamento vigente. Cita uno que podría estar percibiendo un importe máximo anual de 96.000 euros, pero reconoce que no ha podido verificarlo «debido a la reiterada ocultación de los expedientes».
Por los datos que maneja Juan Manuel Pérez, «siempre repiten los mismos beneficiarios», entre los que figura también algún empleado que ha estado «recibiendo sobresueldos de hasta 24.000 euros trimestrales encubiertos bajo el concepto de productividad«.
Dados estos posibles antecedentes, el empresario reclama del tribunal, entre otras medidas, que verifique la relación nominal de las personas beneficiarias de las gratificaciones aprobadas mediante el decreto 2020/2025, las tareas o funciones que motivaron su abono, las horas realizadas y su registro horario y el informe del responsable de Recursos Humanos y el del jefe del servicio solicitante.
También insta a que determine la responsabilidad contable directa o subsidiaria de los órganos gestores implicados; a la entrega de los expedientes completos y digitalizados del abono de los complementos de productividad y de las gratificaciones; a la suspensión cautelar de las productividades hasta tanto no se compruebe que cumplen el reglamento; y a la remisión de la documentación al Ministerio Fiscal en el caso de que durante la instrucción se detectasen hechos constitutivos de infracción penal.
Para Pérez, esta práctica que él entiende irregular no es un hecho aislado, sino «un modus operandi que comenzó en 2011» con el primer complemento de productividad y que fue anulado por sentencia firme en 2018 por ser nulo de pleno derecho tras una denuncia del Gobierno canario. Por cierto, se queja de que pese a reiterados requerimientos, los siete funcionarios que lo cobraron no han devuelto el dinero.
Apunta que en 2016 PP-AV volvió a aprobar otro complemento específico «donde repetían 2 de los 7 anteriores afortunados» y que fue también anulado por cuatro sentencias ya firmes a partir de la denuncia de cuatro sindicatos. Ese dinero, añade, tampoco ha sido devuelto.
En opinión del denunciante, «un error no se puede cometer dos o muchas más veces», sobre todo cuando «repiten el mismo patrón, con el mismo grupo político, los mismos beneficiarios y casi los mismos colaboradores necesarios». Pérez advierte de «un cúmulo de despropósitos continuados en el tiempo con total impunidad« y que han dado lugar a »un despilfarro millonario« que, además, estaría beneficiando a trabajadores que, según su denuncia, son conocidos por su absentismo.
Para Pérez, el pago de un complemento de productividad debería ser excepcional y por una situación extraordinaria, y no para «enmascarar un sobresueldo». Por tanto, se deberían abonar a posteriori y no mediante cantidades trimestrales fijas y ya estipuladas.
En concreto, los pagos trimestrales a los que alude podrían superar los 3 millones de euros anuales, «autorizados sin aprobación previa de programas de objetivos y sin sistemas objetivos de evaluación del desempeño», y todo ello, añade, pese a sus reiteradas solicitudes de información y control, así como del edil Samuel Henríquez, en la oposición; pese a las propuestas formales presentadas por empleados públicos para establecer sistemas objetivos de evaluación, como la planteada en enero de 2025 por 22 policías locales de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Proximidad; y pese a la existencia de «un supuesto expediente de control iniciado por la Intervención en 2024, cuya tramitación ni ha concluido ni ha sido debidamente informada» y que para Pérez obedece a una «simulación de control interno».
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