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El proyecto de Gran Canaria Bass Company SL para instalar 24 viveros marinos para acuicultura en la costa de La Aldea de San Nicolás y Artenara, entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente, en la llamada Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, no ha superado con éxito el primer examen sobre su posible impacto ambiental.
El promotor, una vez ganó el concurso que convocó el Gobierno canario, solicitó en enero de 2024 el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, pero tras múltiples reparos en consultas realizadas a distintas administraciones y colectivos y después de que los propios técnicos regionales evaluasen sus posibles efectos, la Consejería de Política Territorial ha resuelto que este proyecto «debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente».
El proyecto técnico, que exigirá una inversión de 6,82 millones de euros (6.821.000), contempla la construcción de una granja para cultivo marino con capacidad máxima anual de producción de 5.400 toneladas de lubina ('Dicentrarchus labrax'), a partir del sexto año de inicio de la producción, con una capacidad de producción total media de 3.134 toneladas al año.
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Esta explotación estaría formada por 24 viveros circulares de 30 metros de diámetro y luz de malla de 18 milímetros, agrupadas en un único tren, con redes de 20 metros de profundidad con fondo plano, que determinan un volumen teórico total de cultivo de 339.288 metros cúbicos (unos 14.137 por cada vivero).
Estas jaulas flotantes, de las que en el primer año estarían operativas 12, quedarían sujetas mediante un sistema de anclaje formado por un entramado de boyas, anillas, estachas y cadenas que se sujetarían al fondo mediante un sistema de fondeo, formado por 18 bloques de hormigón de 13 toneladas y 18 anclas de 2.000 kilos.
Además, la granja contaría con un sistema de balizado que delimitaría la superficie de concesión, que abarcaría unos 472.064,236 metros cuadrados, es decir, 47,2 hectáreas, aunque el entramado ocuparía 86.400 metros cuadrados.
De las cinco alternativas que la empresa contempla en su declaración ambiental, opta por la número 4 al considerarla económica y técnicamente muy favorable y porque respeta la distancia, más de 22 metros, entre el extremo del copo y el fondo marino que se establece en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (Proac).
Entre los más contundentes contra el proyecto figuran Greenpeace España, que solicita directamente que se deniegue la concesión porque, entre otras razones, inclumple la normativa en lo que se refiere a la distancia a comunidades de fondos arenosos como las anguilas jardineras ('Heteroconger longissimus'), no describe las características de las redes anti-aves ni tampoco evalúa correctamente el impacto de las luces de la instalación y de las maniobras nocturnas en la avifauna dado que indica que la recolección de los peces, siempre que sea posible, se realizará por la noche.
También se opone tajantemente la cofradía de pescadores de Agaete hasta el punto de que insta a modificar el Proac y desplazar así las zonas del noroeste de la isla que se han habilitado para la acuicultura y que «afectan de lleno al sector pesquero». Es más, aprovecha para advertir que no entiende cómo se incluyó esta ZIA GC-9 en el Proac sin antes haberles consultado porque sus pescadores faenan en esas aguas. Además, les extraña que no se mencione la afección al angelote ('Squatina squatina').
Entre las múltiples objeciones al proyecto destacan las de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, que advierte de que no cumple con la distancia requerida entre el fondo y el copo y de la proximidad de dos áreas sensibles por la presencia de angelotes. Y el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo les tumba el estudio al efecto al no venir avalado por especialistas con la cualificación adecuada.
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