Los aranceles sumergen a Trump en una guerra judicial y le restan poder negociador

Lo que queda inmediatamente dañada es la habilidad negociadora del presidente. Como experto en 'El Arte del Trato', título de su bookseller, Trump sabe que acaba de perder la fuerza negociadora que tenía. Probablemente sus contrapartes estén dando un paso atrás en las ofertas preparadas. «¿Seguirías negociando aun sabiendo que todo podría resolverse con el golpe de un mazo en el tribunal?», preguntó retóricamente a The Wall Street Journal Paul Nadeau, profesor asociado de relaciones internacionales en el campus de la Universidad de Temple en Japón. Trump admite lanzar «números ridículamente altos» para asustar al contrario y negociar desde una posición de fuerza. La UE, Canadá, México, China, Japón y todos los países del mundo afectados han respirado de alivio, al igual que los mercados.

La Casa Blanca aseguró que «el presidente tiene otras autoridades legales para utilizar en los aranceles» y, sobre todo, «las usará», advirtió ayer la portavoz Karoline Leavitt. Como prueba, dijo que ayer mismo había recibido llamadas de otros países, entre ellos, Japón. En su opinión, las negociaciones continúan ajenas a la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional. Según el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, «nada ha cambiado». El plan es llevar el caso hasta el Supremo, reveló ayer la Casa Blanca sin reparos.

¿Y si el varapalo judicial a los aranceles fuera parte del plan para consolidar el poder? Hace casi un año el alto tribunal, en el que Trump nombró a tres de los cinco jueces que conforman la mayoría conservadora, expandió desorbitadamente el poder presidencial al pronunciarse sobre su inmunidad, cerrando de facto todos los casos judiciales que enfrentaba. La ilegalidad constitucional de los estatutos en los que el gobierno de Trump ha basado sus «aranceles recíprocos» es tan flagrante, que cuesta creer que se le pasara a sus asesores.

Otras opciones

Más allá de una victoria judicial parcial de anoche, el presidente tiene también otras opciones para mantener esta guerra comercial. Los aranceles del 25% sobre el acero, aluminio y semiconductores, hubieran seguido vigentes incluso si el tribunal de apelación no hubiera emitido la orden cautelar de emergencia para evitar daños irreparables. Estos materiales no se incluyen en el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, porque para gravarlos el Departamento de Comercio invocó una ley de 1962 sobre materiales críticos necesarios para la defensa nacional y la infraestructura.

El gobierno de Trump, astuto a la hora de encontrar lagunas legales, para afinar sus argumentos podría establecer una serie de aranceles sectoriales que eviten la amplitud de los que estableció sobre países a lo largo y ancho del globo. Está también la posibilidad de que el Congreso legisle los aranceles que intenta imponer unilateralmente el presidente por decreto. La opción legislativa es más tediosa y burocrática, pero sigue al alcance de su mano, dada la mayoría de su partido en ambas cámaras.

El argumento de que Trump se está extralimitando en sus funciones pone en aprietos al Congreso. El tribunal considera que, al tolerar el abuso del presidente en esas funciones regulatorias, el Congreso «ha abdicado impropiamente» de su deber legislativo en otra rama del gobierno, la del ejecutivo. Eso supone un golpe a la separación de poderes que derriba la visión de los padres fundadores. Por este motivo, los juristas creen que si Trump lleva el caso hasta el Tribunal Supremo, podría perder, pese a haber nombrado a tres de los cinco jueces conservadores que están en mayoría ideológica.

Ironía de la juez

Durante el proceso, el abogado del Departamento de Justicia que defendió la decisión del gobierno argumentó que el objetivo no era legislar el comercio, sino crear las palancas necesarias para «sentar en la mesa a los socios comerciales», dijo Brett Shumate, sin convencer al tribunal. «Puede que sea un plan muy noble, pero tiene que ajustarse al estatuto», atajó la jueza Jane Restani, nombrada para el cargo por Ronald Reagan, que cuestionó también la capacidad ilimitada del presidente para declarar una emergencia nacional. «¿Significa eso que el presidente puede declarar una emergencia nacional por la escasez de mantequilla de cacahuete?», preguntó irónica.

La Casa Blanca destaca que, en su sentencia, el tribunal no ha negado la existencia de la emergencia nacional que alega y les acusas de estar usurpando las funciones del presidente, en lo que el asesor Stephen Miller considera «un golpe de estado judicial». En palabras de la portavoz, Karoline Leavitt, «si los jueces quieren ser presidente, que se presenten a ello», afirmó ayer desafiante. La guerra con los contrapoderes no ha hecho más que comenzar.