Merz defiende las devoluciones de solicitantes de asilo en la frontera pese al revés judicial

«Por supuesto, lo haremos en el marco de la legislación europea vigente», ha justificado el jefe del Gobierno germano. «Pero también lo haremos para proteger la seguridad y el orden públicos en nuestro país y evitar que las ciudades y municipios se vean sobrecargados», ha añadido Merz, quien ha destacado que el Ejecutivo que dirige sigue comprometido con esa tarea.

Hasta que la situación en las fronteras exteriores del Viejo Continente mejore significativamente con la ayuda de nuevas normas europeas comunes, «tendremos que mantener los controles en las fronteras interiores», ha afirmado el canciller a la hora de defender el endurecimiento de la política de migración y asilo de su gobierno, que es criticada por los países vecinos, sobre todo por Polonia, Austria y la República Checa.

El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), había ordenado intensificar los controles fronterizos a principios de mayo, nada más asumir el cargo. También ordenó que se devolviera a los solicitantes de asilo en la frontera, aunque con excepciones, como en el caso de los niños y las mujeres embarazadas. Los gobiernos federales anteriores siempre lo habían rechazado remitiéndose a la legislación europea.

El lunes, en una decisión urgente, el Tribunal Administrativo de Berlín declaró ilegal en una sentencia no recurrible el rechazo de tres somalíes durante un control fronterizo en la estación de ferrocarril de Fráncfort del Oder, junto a la frontera polaca. Al no aclararse qué Estado de la UE era responsable de la solicitud de asilo de los afectados, no se les debía devolver. Los tres habían sido devueltos a Polonia el mismo día de su detención.

Según el tribunal, Alemania está obligada a aplicar plenamente el llamado procedimiento de Dublín. La decisión afirma que no puede alegarse que no sea necesario aplicar esa normativa debido a una situación de emergencia. No había pruebas suficientes de una amenaza para la seguridad o el orden públicos, subrayaron los jueces de la cámara administrativa en la capital alemana.

El Gobierno federal tampoco podía ampararse en el artículo 72 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Dobrindt había invocado ambos reglamentos para aplicar el endurecimiento de la política de asilo y migración. Sin embargo, Dobrindt anunció tras conocer la sentencia su intención de continuar con los rechazos y dijo que la decisión judicial afecta solo a un caso individual.

La gran mayoría de abogados y expertos en migración esperaban exactamente una sentencia así. El año pasado, el ministerio Federal de Justicia, bajo la dirección entonces del liberal Marco Buschmann, llegó a conclusiones muy similares a las que ahora han alcanzado los jueces de Berlín en una detallada revisión técnica.

En aquel momento, Buschmann había ofrecido a cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU), entonces en la oposición y ahora al frente del gobierno, iniciar una prueba piloto con rechazos en un pequeño tramo de la frontera con la esperanza de que los tribunales administrativos emitieran el mismo juicio. Los jueces de Berlín han declarado ahora que no basta con citar cifras de asilo.

El Gobierno federal debe demostrar que existe una situación que «sería inmanejable para las autoridades alemanas y pondría en grave peligro el funcionamiento de los sistemas e instituciones estatales», señalaron este lunes los jueces. Este umbral es muy alto, y queda por ver cómo los abogados de Dobrindt pretenden demostrarlo en el esperado juicio principal, a la vista del reciente nuevo descenso del número de llegadas de peticionarios de asilo.

La denuncia formulada por el presidente de la Policía Federal, Dieter Romann, en particular, de que el sistema europeo común de asilo es disfuncional y de que otros Estados miembros de la UE tampoco cumplen las normas europeas, no constituye, sin embargo, «una justificación de su propio comportamiento contrario al Derecho de la UE», señaló el Tribunal Administrativo de Berlín en la sentencia.

Esto se aplica incluso si otros Estados miembros de la UE se niegan a acoger a refugiados ya registrados en ellos de conformidad con el Reglamento de Dublín. Dobrindt cuenta, sin embargo con el respaldo cerrado de CDU/CSU para continuar efectuando devoluciones en la frontera, pero no de sus socios de gobierno socialdemócratas, quienes demandan que esa medida «sea indudablemente compatible con el Derecho europeo, el Derecho alemán y nuestra pretensión de ayudar a las personas que buscan protección».