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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado el expediente relacionado con el proceso de cumplimiento normativo de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), según informó el Ayuntamiento palmense en una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación.
La entidad remitió el pasado mes de febrero al Ministerio Fiscal un escrito y diversa documentación dando cuenta de «los resultados del proceso de cumplimiento normativo (compliance) tras detectar posibles irregularidades en el desarrollo de su actividad. La empresa municipal actuó de oficio cumpliendo con su compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua en la gestión pública».
Examinada la profusa documentación remitida por Geursa, la Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias tras concluir que «los hechos y circunstancias concurrentes, puestos de manifiesto en la investigación practicada por la entidad responsable, son insuficientes para integrar infracción criminal alguna», señala el decreto. «La documentación remitida por Geursa no justifica indicios de infracción penal integrada por los hechos denunciados», añade la Fiscalía. De igual forma, el Ministerio Fiscal recoge que «lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y/o disciplinaria que proceda».
Desde Geursa se valora positivamente esta decisión, que ratifica la correcta actuación de la entidad municipal en materia de cumplimiento normativo y refuerza su compromiso con la buena gobernanza y la legalidad vigente. Asimismo, la empresa continuará con las determinaciones que correspondan dentro del cauce interno.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había puesto en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión de la obra de construcción de un edificio de 74 viviendas en Tamaraceite.
La decisión se tomó tras detectarse, por parte del órgano de control normativo de Geursa, la presunta realización de cambios en el proyecto origina de construcción de viviendas sin la aprobación previa de los modificados exigibles.
En aquel momento se habló de un posible error de cálculo de las estructuras del edificio, así como de la cimentación, en lo relacionado con la cantidad de cemento empleado.
En el pleno de enero, el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque, detallaba que se estaba realizando un modificado del proyecto para incluir algunos preceptos señalados por el Instituto Canario de la Vivienda. En concreto, se trataba de una redistribución de trasteros o la modificación de ventanas. Pero el edil ya apuntó entonces que habría que recalcular los datos relativos a la cimentación y la estructura.
La obra está siendo realizada por la empresa Construplan, si bien los hechos que fueron trasladados al Ministerio Fiscal afectaban solo a cuatro empleados públicos del área de Edificación de Geursa, un responsable y tres subordinados.
La construcción del edificio de 74 viviendas para el alquiler asequible deberá estar terminado en octubre de 2025, después de una prórroga de diez meses que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concedió a la empresa.
Los hechos denunciados por Geursa no tienen que ver con el caso Valka, donde se investiga la existencia de una presunta trama corrupta en el área de Obra Civil de la sociedad municipal, así como en el servicio de Parques y Jardines.
En la investigación del caso Valka, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, existen denuncias de trabajadores sobre supuestas presiones para aprobar modificados de obra sin necesidad, algo que no se produjo en el caso denunciado directamente por el Ayuntamiento.
El caso Valka investiga la actuación de Luis Pérez, jefe del departamento jurídico de Geursa; el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y el empresario Felipe Guerra.
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