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El Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes un proceso de «revisión» de todo el marco normativo del turismo que culminará en una reforma de la ley general del turismo, que data de 1995.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha señalado que las islas necesitan un nueva regulación ante los «retos» que se presentan en las próximas tres décadas.
En esa línea ha apuntado que este proceso se va a hacer siguiendo el «modo canario» de trabajar, «tendiendo la mano y escuchando a todas las partes» convocando amplias reuniones de trabajo a lo largo de los próximos meses.
Sobre la huelga turística de la pasada semana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que el presidente, Fernando Clavijo, ya planteó hace más de un año y medio, en la feria de Fitur, que los empresarios debían subir los salarios a los trabajadores para «redistribuir la riqueza» que genera el subsector.
En ese sentido ha valorado el «éxito» que supuso el acuerdo entre trabajadores y sindicatos para la subida de salarios en la provincia de Las Palmas y confía en que pueda ocurrir lo mismo en la de Santa Cruz de Tenerife, donde las negociaciones fracasaron pese a la mediación del propio Clavijo. «Toca seguir hablando de este asunto y continuar trabajando», ha señalado.
Por otro lado, Cabello afirmó este lunes que «se ha avanzado mucho» en la documentación de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que hay en el archipiélago y reivindicado que se trabaja «caso por caso» porque hay muchas «casuísticas» como la edad, el origen o a la ONG de acogida.
En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno no que ha querido referirse explícitamente a una información del diario El País que apunta que casi 90% de los menores están sin documentar dado que es un asunto «muy complejo» que no puede «simplificar» en una cifra.
Ha apuntado que hace unos 15 meses apenas se contaba con cinco o siete citas a la semana para regularizar documentación y ahora se ha mejorado, subrayando la colaboración de algunos consulados, como el de Senegal.
Cabello ha valorado que se ha desplegado un plan de choque en la Consejería de Bienestar Social con 40 trabajadores nuevos para agilizar expedientes y se ha mostrado satisfecho de que el Ejecutivo ha «arrastrado» al Estado. «Estamos mucho mejor de como estábamos», ha agregado, ya que se ha abierto una «reflexión» a nivel nacional y europeo.
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