María Farnés Martínez: «La Fiscalía ha atendido y oído absolutamente a todos los menores»

Canarias acoge estos días las Jornadas de Delegados de Trata de Personas y Extranjería, con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la fiscal coordinadora de Extranjería en la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, radiografía en esta entrevista la problemática que han tenido ante la avalancha de llegada a las islas de menores extranjeros no acompañados en los últimos años.

-¿Qué se va a plantear a los fiscales del país en estas jornadas?

-Es fundamental que este año las jornadas sean en Canarias, pienso que no podían ser en otro lugar dado la situación que han vivido la islas en los últimos años. Los compañeros fiscales se van a encontrar con la Comunidad Autónoma que, desde hace dos años, ha recibido a 100.000 personas y con unas fiscalías donde pueden haberse incoado unas 4.000 diligencias para determinar la edad de niños y niñas que no sabíamos si eran mayores o menores. También el hecho de que esas reuniones de la Fiscalía sean en Canarias, supone un reconocimiento que realiza a los ciudadanos de las islas y un agradecimiento a su extremada generosidad. Demostraron, una vez más, que ha sido y será siempre un pueblo de acogida.

-Unas islas colapsadas y con muchísimos problemas a la hora de gestionar la edad de los menores. ¿Cómo digiere este escenario tan complejo?

-La situación más grave se produjo a finales de 2023 y fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y dentro de ella, en El Hierro. Es una isla con un número limitado de habitantes, más de 11.000 y, solo en noviembre, llegaron unas 200 personas menos que habitantes tenía censados. Junto con ello, llegaron 1.460 personas que aparentemente podían ser menores. Esta provincia no estaba preparada para recibir y acoger a tal número de personas. En ese escenario, hubo que tomar medidas drásticas, traer refuerzos de fiscales, de forenses, de Guardia Civil expertos en diagnóstico de la imagen, todo ello como medida de urgencia. Se trasladaron al hospital de El Mojón y allí, en un mes y medio, se hicieron pruebas radiológicas a 1.500 niños para determinar su edad y evitar así que se colapsaran los centros.

-¿Qué pasó en el año 2024?

-No hubo ningún mes con un repunte importante pero sí se mantuvo una situación sostenida grave. Es evidente y lo ha dicho la Fiscalía Superior en todas sus memorias, que el Gobierno de Canarias, por más esfuerzos que esté haciendo, no puede asumir en solitario la protección de todos estos menores. Es evidente que tiene que haber un traslado, pero por los propios menores para así poderles proporcionar condiciones adecuadas para su correcta integración en España, Canarias o en cualquier lugar de Europa. Tengo confianza en el Decreto que ha visto la luz y que al final se pueda hacer este reparto equitativo por las distintas comunidades autónomas del país.

-¿Cómo valora la politización del reparto de los menores?

-Es algo que se escapa de nuestras competencias. Es muy difícil que una sola comunidad pueda ofrecer protección al menor y atender a sus necesidades a la perfección. Los centros están sobreocupados y no solamente esto, si no son menores que, una vez que llegan y se ha determinado la edad, en ocasiones hay que volver a reabrir las diligencias porque aportan nueva documentación. En ocasiones esta documentación es válida pero en otras no la podemos validar. Hay que proporcionarles papeles para que, una vez que lleguen a la mayoría de edad, puedan estar en situación regular... Y todo ello una sola comunidad y casi 6.000 menores.

-Hablado de los problemas a la hora de identificar a los menores, sobre todo en cuanto la veracidad de los documentos que aportan, algo que les complica muchísimo el trabajo...

-Debemos de partir de dos escenarios. Normalmente, los menores que llegan no traen ningún documento o no lo ponen de relieve. Este primer cribado lo hace la Policía Nacional. ¿Cómo? Pues por apariencia física, les hacen una entrevista y así entienden que pueden ser un menor, claramente menor o, en los casos dudosos de 16, 17 o 18 años, lo comunican a la Fiscalía. Ahí nosotros tenemos dos actuaciones: el menor que es indubitado, se incoan diligencias o expedientes de tutela en la Sección de Menores y aquellos cuya edad es dudosa, se incoan diligencias preprocesales de determinación de la edad. En este paso, la Fiscalía ve al menor, lo oye y si no hay consentimiento para realizar las pruebas, realizamos esta comparecencia. Si la Fiscalía duda sobre la edad, manda a que el forense le realice pruebas y entrevista para que emita un informe. La Fiscalía dicta entonces un decreto razonado, justificado y fundamentado donde entiende que es mayor o menor. Pero estas diligencias no son definitivas, es decir, normalmente una vez que pasa un tiempo que estos menores están en los centros, empiezan a recibir documentación. Pero no son papeles físicos, sino reciben en sus móviles fotos de lo que puede ser una partida de nacimiento, un pasaporte, una especie de DNI de sus países...

Cuando recibimos esto, absolutamente a todos, insisto, a todos, la Fiscalía les oye. Les hace una comparecencia y valora estos documentos. Y hay dudas con los papeles, los remitimos a la Policía Científica que realiza un informe pericial. Una vez que tenemos esto, la Fiscalía vuelve a dictar un decreto, que puede ser confirmando el inicial o bien modificando el mismo. En épocas donde ha llegado un gran número de personas, por ejemplo en Tenerife que en los últimos cinco meses del año llegaron más de 20.000 personas de golpe. Normalmente a los 15 días o al mes, aquellas personas consideradas mayores o que ellos habían manifestado serlo y la policía no tenía ningún dato para no creerlo, eran trasladados a la península.

¿Qué puede ocurrir? Que una vez allí, manifestaban ser menores o allí recibían la documentación por móvil. Yo no dudo que hayan sido trasladados menores a la península como mayores, pero la Fiscalía no ha tenido absolutamente ningún conocimiento.

-¿Y por qué lo afirma de forma tan rotunda?

-Porque las dos Fiscalías Provinciales han incoado diligencias preprocesales de determinación de edad de menores que estaban en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para adultos. Y una vez que estaban allí, nos avisaban porque recibían documentación o porque los técnicos de los centros lo ponían en nuestro conocimiento. En estos casos la Fiscalía, absolutamente a todos, los ha atendido, los ha oído, ha analizado esta documentación y ha decidido.

En concreto, en 2024 en Tenerife se incoaron expedientes de determinación de la edad a 816 personas que en un primer momento se consideraron mayores y fueron ingresados en el CATE de Las Raíces. De estos 816, de los 424 que tenemos determinada la edad, fueron mayores y 345 menores. Como puede comprobarse, este cribado no es deficiente solo en su origen, sino también en los propios centros. ¿Qué ha ocurrido? Que sobre estas 816 personas la Fiscalía ha acordado que fueran ingresadas en centros de menores, con lo cual también hemos ingresado gente que posteriormente resultaron ser mayores. A la vista de lo que estaba ocurriendo, desde 2023, hablamos con CATE de Las Raíces para que estas personas que decían ser menores, no estuvieran con el resto, sino fueran alojadas en un edificio aparte hasta que se pudieran llevar a centros de menores y se determinara su edad. Es decir, se han adoptado todas las cautelas posibles para evitar este contacto. Pero es cierto que han podido ir a la península, sobre todo en 2023, gente que fue considerada mayor o ellos mismos manifestaron que eran mayores. Este es un problema y es algo que no debiera pasar más.

-Hubo un caso en el que dos inmigrantes estuvieron 85 días encarcelados en Juan Grande a pesar de que decían ser menores.

-Esto es grave, gravísimo, y es un fallo de todas las instituciones. Pero hay que determinar cómo se ha producido esta situación.

-¿Y cómo se ha producido?

-Estos dos menores, uno de ellos una vez que estaba en un centro penitenciario, manifestó ser menor y el otro aportaba en su móvil una copia de una partida de nacimiento. Los dos, tanto en la policía como en el juzgado, habían manifestado ser mayores y dieron datos de nacionalidad y el nombre de sus padres. Estos datos no se correspondían con lo que ellos manifestaban. Aun así, y ante esta declaración y documentación, fue la Fiscalía la que solicitó al Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana que realizara las pruebas médicas para determinar la edad y que trajera al menor para verle con su documentación. ¿Por qué la Fiscalía no incoó diligencias? Pues porque no puede. Una vez que un menor o mayor está sometido a un procedimiento judicial, solamente puede determinar la edad el juez de instrucción. La fiscalía tiene vedada esta posibilidad.

Hay tres informes de los fiscales en este procedimiento solicitando al juez que se practicara las diligencias para determinar la edad. Incluso la fiscal delegada autonómica, Teseida García, habló personalmente con el juez y con las dos médicos del Instituto de Medicina Legal que hacen las pruebas y entrevistas de estimación de edad para que, de manera inmediata, se hicieran. Y así se hizo. Con lo cual, efectivamente, esto no puede ocurrir.

Pero está motivado, en lo que respecta al Ministerio Fiscal, por la manifestación de los menores y por ser competencia del juez de instrucción la determinación de la edad. Quizás el magistrado no tiene la misma práctica que la Fiscalía en estas diligencias y no previó la urgencia que podía llevar consigo. Pero sí lo hizo la Fiscalía.

-¿Funciona el protocolo de determinación de la edad?

-Evidentemente, tiene sus deficiencias.

-¿Las ha diagnosticado?

-En primer lugar, no se está proporcionando a los menores una asistencia letrada que es fundamental. También el decreto del Ministerio Fiscal no es susceptible de recurso directamente, sino solamente se puede recurrir cuando el mismo forma parte de un expediente administrativo. Yo creo que esos son principios que podrían ir en contra de lo expuesto por el Comité de Derechos del Niño que ha sancionado en alguna ocasión a España por este procedimiento. Hay un proyecto ahora que atribuye esta determinación de edad a los juzgados y me parece un más garantista y de acuerdo con la legislación europea. ¿Qué pasa? Que habrá que crear más juzgados de familia y una especialización que, hoy por hoy, no tienen. Pero hay que reconocer que nuestras diligencias preprocesales tienen deficiencias que, o se atribuyen a los órganos judiciales, o deben ser subsanadas.

-Ese escenario que plantea no es de ejecución a corto plazo...

-Es cierto que hablamos de otro escenario. En septiembre del año pasado, el fiscal general dictó un decreto atribuyendo la competencia para la determinación de edad a las secciones de Menores, porque entendía que son niños y extranjeros. Esto, aunque parezca una frase manida, es importante en el cambio de mentalidad. Si primero son niños, hay que darle dicho tratamiento. Entonces, en las última reunión de fiscales de Menores se habló que era necesario que se oiga a todos los menores en nuestras diligencias preprocesales con carácter previo. Y es una instrucción que estamos pendientes de dictar en Canarias. Hoy por hoy se están oyendo a todos los menores que presentan documentación, a aquellos que no quieren realizarse las pruebas, lo está viendo personalmente el fiscal. Al resto, los atiende la policía y el forense.

-¿La Fiscalía de Canarias tiene fiscales suficientes para escuchar a todos los menores?

-Por supuesto que querríamos más fiscales, pero yo tengo una total confianza en el actual fiscal general del Estado. Le cuento que cuando se produjo este colapso de llegadas, lo primero que hicimos desde la Fiscalía Superior fue ponernos en contacto con Álvaro García Ortiz para decirle: «mire, está pasando esto y necesitamos ayuda». De un día para otro conseguimos cuatro refuerzos de fiscales en Santa Cruz de Tenerife y uno en Las Palmas. Con lo cual, no tengo dudas de que, cuando iniciemos el protocolo de atender de entrada a todos, vamos a obtener fiscales de refuerzo.

-¿Pero la plantilla actual es suficiente?

-Con los números actuales, sí, porque de todas estas determinaciones de edad, por ejemplo en Tenerife, del año 2023, donde se incoaron 2.410 expedientes, actualmente solo están vivos cinco, pero después de haber reabierto casi 800 de ellos. De 2024, donde se han incoado 1.420 y están vivos actualmente 204. Y de 2025 están vivos 191. En Las Palmas, del año 2023 se incoaron 1.061 y ya están todos archivados. En 2024, que incoamos 790, quedan vivos 31, fundamentalmente de Lanzarote y Fuerteventura. Y en este 2025 hemos incoado 181 y quedan vivos solamente 60. Es decir, para poder llegar a estos números, los fiscales, han tenido que realizar un gran esfuerzo para poder determinar tal número de personas en tan poco tiempo. Entonces, sí es cierto que en estos momentos se están escuchando a todos aquellos menores que vienen de ONGs o no quieren realizarse la prueba. En el momento en que hagamos lo mismo con todos aquellos menores que llegan en pateras o cayucos, necesitaríamos un refuerzo, pero no solo de fiscales, sino también de intérpretes y, en síntesis, más equipos integrales.

-¿Cree que la Fiscalía ha sido diana de todas las críticas?

-Si alguien se ha movido en esta crisis para que los menores que llegaban a la comunidad estuvieran atendidos y pudiéramos saber si lo eran, ha sido la Fiscalía. Trajimos a profesionales de Madrid para poder solventar una situación muy dura a finales de 2023. Y actualmente la Fiscalía visita los centros, pone en conocimiento a la Dirección General de las deficiencias que encontramos y hemos tenido reuniones para intentar evitar que estos menores, cuando cumplen 18 años, puedan salir en situación irregular. Estamos trabajando con las unidades familiares, porque están llegando menores que vienen acompañados, pero muchas veces cuando se hace la prueba de ADN, resulta que no son ni el padre ni la madre. Pero eso no es motivo para separarlos, aunque hay que tenerlos en vigilancia, ya que porque podríamos estar hablando de un tema de trata de seres humanos.

-¿Se vulneran los derechos de los menores que están en condiciones casi de hacinamiento en los centros?

-Aquí hay un auto del Supremo que hay que cumplir y ha sido claro. Se les da toda la atención que se puede en estas condiciones y no siempre es la ideal, pero eso no significa que el Gobierno canario no esté dando una buena atención y protección. Que no es la ideal, lo dice el propio Ejecutivo y por eso está peleando por un reparto con el resto de comunidades.

-¿Qué valoración hace del trabajo desarrollado por Teseida Díaz como delegada autonómica de Extranjería?

-Excelente. Teseida García creó una guía de actuación para que ambas fiscalías utilizaran el mismo procedimiento para determinar la edad y fue una ida excelente. Se trata de una fiscal experta y teníamos que aprovechar su mayor conocimiento. No es que esté contenta, vamos, es que volvería a tomar la misma decisión mil veces más. Es un referente.

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