Proceso de 'funcionarización' de los laborales

Los sindicatos barajan movilizaciones tras dar el Gobierno «la espalda» a los empleados públicos

«El Gobierno de Canarias ha secuestrado la negociación colectiva y el diálogo social, nos sentimos ninguneados». Así de contundentes se mostraron las organzizaciones sindicales mayoritarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias tras, dicen, no recibir repuestas por parte del Ejecutivo a las demandas del personal. De hecho, señalan directamente al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ante «la incapacidad» de la Consejería para negociar. Así, consideran que Clavijo les ha dado «la espalda» a los empleados públicos y que su actitud es «de poca vergüenza».

Como anunció el secretario general del sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la capital grancanaria, el 14 (en Tenerife) y el 15 de mayo (en Gran Canaria) las organizaciones celebrarán asambleas de personal laboral para debatir otras medidas para alzar la voz, entre las que no descartan la convocatoria de movilizaciones o huelga.

La semana pasada, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció el inicio del proceso para la ordenación del personal laboral de la administración autonómica. Sin embargo, desde los sindicatos alegan que toda la información referente a esta cuestión la han conocido a través de los medios de comunicación, y no porque el Ejecutivo se haya puesto en contacto con ellos.

A su vez, desde la Consejería se anunció que se convocaría a los sindicatos a una mesa negociadota la segunda quincena de mayo, pero los representantes alegan que aún no han recibido dicho aviso.

Se trata de un plan de ordenación del personal laboral que los sindicatos reciben «con sorpresa», ya que, según explicó Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria, mientras desde la Consejería se defiende que la medida «reconoce los derechos del personal laboral y promueve la justicia social», los hechos son «totalmente contradictorios».

Cívicos quiso dejar claro que desde los sindicatos no se oponen al documento y recogen «el guante con buenas intenciones y ganas de trabajar de manera conjunta». No obstante, a pesar de haber solicitado el contenido de dicho plan aún no se les ha facilitado.

Sin embargo, esta es solo una de las demandas del personal de la Administración General del archipiélago. Entre las cuestiones que precisan debatir destacan la implantación «real y efectiva de la jubilación parcial» para que se efectúe un relevo generacional «ordenado y digno», según explicó Fernando Ravelo, miembro del Sindicato de Base de Canarias (Co.bas).

A ello también se añade el incumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de estabilización del personal temporal. «No es un logro de este Gobierno de Canarias, es un logro del equipo anterior», aseveró González (Sepca). Según la Ley 20/2021 de 28 de diciembre para reducir la temporalidad en el empleo público, los procesos selectivos de estabilización tenían que estar finalizados antes de diciembre de 2024. Como detalló González, «en torno a 4.000 personas» están afectadas en la administración por los procesos en curso que «se están culminando», aunque «con retraso».

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