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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado una nueva condena por delitos de intrusismo profesional y lesiones imprudentes en el ejercicio ilegal de la odontología en una clínica del municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. Los tres condenados, los hermanos Leocadio Víctor, Alberto y Jorge Martín Ali, han recibido penas económicas y de inhabilitación tras la denuncia interpuesta por el Colegio de Dentistas de Las Palmas, que actuó como acusación particular.
La sentencia, ya firme, confirma las penas impuestas al propietario de la clínica –un protésico dental reincidente con otros procedimientos abiertos por el mismo delito–, a su hermano odontólogo, considerado cooperador necesario, y a un tercer hermano sin titulación alguna que también actuaba como falso dentista.
Para cada uno se fija una multa de tres meses por intrusismo, y otra de dos meses y medio por lesiones, además de la inhabilitación profesional durante tres meses y el pago de las costas procesales.
El caso se remonta a 2009, cuando un paciente oncológico, previamente tratado por el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Insular, acudió a esta clínica para recibir orientación sobre una prótesis dental. Fue atendido por el protésico, quien, sin estar capacitado legalmente, le propuso un tratamiento con siete implantes. La intervención, sin planificación adecuada, resultó en el fracaso de cuatro implantes, pérdida ósea, daño estético y un agravamiento significativo de su salud bucodental.
La Audiencia también impone indemnizaciones que superan los 95.000 euros, incluyendo el reembolso del préstamo solicitado por el paciente y compensaciones por incapacidad, secuelas y perjuicio estético.
El presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, Francisco Cabrera Panasco, ha calificado de «inhumano» el actuar de los intrusos y critica que las penas «absolutamente insuficientes» permiten la reincidencia: «Con estas multas, a los intrusos les sale rentable volver a hacerlo». Cabrera destaca el compromiso «implacable» del Colegio en la persecución de estas prácticas, recordando que en menos de un año han conseguido seis condenas firmes y mantienen diez procesos abiertos en distintos juzgados de la provincia.
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