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20-A, un año después20 de abril de 2024. Un amplísimo movimiento social de miles de personas, agrupadas bajo la bandera de ¡Canarias tiene un límite¡, sale democrática y ... pacíficamente a las calles del archipiélago para protestar contra el llamado turismo de masas en nuestras islas. No era contra el turismo, decían, pero bastaban algunas pancartas para constatar todo lo contrario.
'Tourists respect my land', rezaba el cartón de una de las participantes en la marcha, culpando incomprensiblemente a nuestros turistas de nuestros –durante décadas- propios errores, inacciones, deficiencias o carencias. Peor aún, meses después acontecería aquel lamentable «hediondos» con el que algunos rodearon a una pareja de turistas en una playa del sur de Tenerife.
BBC, 'Thousands rally in Spain's Canary Islands against mass tourism'. Sky News, 'Thousands of people in Canary Islands take to streets calling for limit in tourist numbers'. Der Spiegel, 'Demonstrationen auf den Kanaren, absolut alles wird jetzt touristifiziert'. South Asia's News Agency, 'Thousands protest again over-tourism in Spain's Canary Islands'. Hindustan Times, 'Thousands protest across Canary Islands, urging susteinable tourism policies'. CNN, 'Canary Islanders call for hunger strike to protest against overtourism'.
Un movimiento social, el de Canarias tiene un límite, con su proclama central de '¡Por un cambio de modelo!', la cual ha venido pivotando sobre tres objetivos de base a exigir a las administraciones públicas: conservación de espacios naturales y ecotasa; moratoria turística y vacacional; y regulación de compra de vivienda para no residentes.
Seis meses antes de que nadie hubiera escuchado hablar de un movimiento llamado 20-A o similar, en comisión parlamentaria, la propia consejera de turismo y empleo, Jessica de León, había apuntado ya de forma concisa los denominados 'factores endógenos' que debía confrontar durante la legislatura 2023-2027 la locomotora económica de nuestra tierra, el turismo.
Con tres aspectos generales a asumir por la hoja de ruta autonómica de análisis interno de nuestro turismo: la mejora en su planificación, con especial atención en la misma a cabildos y ayuntamientos; la mejora continua de la promoción del destino Islas Canarias, priorizando calidad a cantidad; y la reforma completa del marco turístico normativo, con leyes turísticas ya desfasadas por el paso del tiempo. Y con un epicentro en toda toma de decisiones legislativas, la persona residente en las islas.
Acerca de la necesidad de reformar nuestras leyes y normativas turísticas, la reflexión fue contundente en el sentido de señalar la consejera que (sic) «requieren de actualización y de la implicación de todas las partes sin excepción para afrontar la sostenibilidad con políticas reales también desde el turismo, que lleguen e impliquen a la sociedad en su conjunto, incluyendo a empresas y organizaciones políticas,… con la sostenibilidad (social, económica y medioambiental) como hilo conductor de la reforma normativa». El turismo no como un fin, sino como una herramienta al servicio de la sociedad canaria. Tiempo al tiempo. Se acabarán reconociendo el propósito general y los logros específicos.
En términos laborales, poco antes de las manifestaciones del 20-A, el primer dato trimestral de la EPA 2024 en Canarias refería unas 174.000 personas en situación de desempleo, con un 14,8% de paro en las islas. Datos que, ya de por sí, representaban un significativo y positivo avance en términos comparativos interanuales respecto al primer trimestre de 2023, al haber salido del paro en las islas en sólo un año más de 25.000 personas y haberse reducido porcentualmente el mismo de un 17,5 al señalado 14,8%. Ahora, coincidiendo con el aniversario del 20-A, el número de personas sin trabajo en Canarias es ya inferior a 140.000, y el porcentaje de paro se sitúa en un 11,9%, un nivel de desempleo que no se veía desde el año 2007. Sin duda, gracias a la positiva fuerza centrípeta que el turismo sigue generando, directa e indirectamente, en toda nuestra estructura social y económica.
Un año después del 20-A, a pesar de disponer Canarias de capacidad alojativa oficial turística para dar cabida anualmente a unos 22 millones de turistas, desde el propio Gobierno de Canarias -a través de su Consejería de Turismo, así como desde su Vicepresidencia- se apuntó en plena celebración de Fitur 2025 que unos 18 millones de turistas anuales puede venir a representar la cifra óptima máxima a recibir cada año en las islas para encajar la sostenibilidad económica que genera el turismo con su aportación a nuestro PIB y los niveles de empleo que ello posibilita, con la a su vez tan necesaria sostenibilidad social y medioambiental para un territorio archipielágico frágil como el nuestro.
Un año después del 20-A, y en atención a esa otra exigencia generalista que demanda una mejor redistribución de la riqueza que genera el turismo, ya se ha conseguido el primero de los dos pasos en cuanto a la específica mejora salarial del sector, gracias a ese reciente y celebrado acuerdo entre patronal y sindicatos en la provincia de Las Palmas. El cual confiemos en breve se rubrique también en la de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de estas recientes jornadas de huelga en plena Semana Santa.
También un año después del 20-A, -y recordando tanto que el territorio turísticamente urbanizado (establecimientos alojativos) apenas supera el 2% de nuestra superficie, y que prácticamente el 40% del territorio de nuestras islas está protegido a través de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos-, Canarias sigue avanzando en términos de sostenibilidad territorial y medioambiental. Por ejemplo, rumbo hacia el que confiemos sea el quinto parque nacional del archipiélago, el de Guguy, en Gran Canaria. Y valorando junto al Estado el posible encaje de la figura jurídica de parque nacional en la priorización de la idiosincrasia y realidad socioeconómica herreña para poder llegar a dar origen al primer parque nacional marino de toda España y sexto del archipiélago, el del Mar de las Calmas.
Espacios protegidos, -desde parques nacionales hasta paisajes protegidos o sitios de interés científico-, no sólo para la conservación de nuestra biodiversidad y ecosistemas singulares, sino también para la investigación científica, la educación ambiental, la sostenibilidad del turismo y el desarrollo social y económico especialmente de sus entornos poblacionales más próximos. Sin olvidar, por lo estratégico de la herramienta, crucial para garantizar el futuro sostenible de nuestra región, la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, con esa modificación aprobada –entre otras- para la agilización de proyectos de transición energética y de adaptación a cambio climático.
De igual forma, un año después del 20-A y en lo referido a la demanda de su implantación, progresivamente se van aplicando ya auténticas ecotasas en distintos enclaves de nuestra geografía bajo -sin duda y a mi entender- la mejor fórmula posible, la de precios públicos de acceso a espacios y monumentos naturales. Lo cual posibilita la asignación directa de los recursos monetarios aportados por los turistas a la preservación de los mismos (he ahí su carácter 'finalista'). Y proporcionando también posibilidades de empleabilidad, de conservación de nuestro patrimonio etnográfico y de anclaje de la población local próxima a dichos recursos naturales de alto valor añadido para nuestro destino Islas Canarias, evitando con ello también el fenómeno no deseado de la Canarias vaciada.
Por lo que en el aniversario del 20-A, y siendo todavía importante el camino a recorrer, mucho y bueno se está sembrando para alcanzar las justificadas demandas de nuestra sociedad. Aunque con un 'debe' que debieran reconocer ya los movimientos sociales su principal responsable es este actual gobierno de España, costalero mayor de prófugos y delincuentes: el problema de la emergencia habitacional, de la falta de vivienda y de la imposibilidad de acceder a las mismas a precios razonables.
Un problema que azota, no sólo a Canarias, sino a toda España, por culpa de esa nefasta ley estatal de vivienda (también aprobada con sus votos, por cierto, por los diputados canarios del PSOE en el Congreso) que ha desprotegido al propietario, frente a la condescendencia y beneficios de toda índole para al delicuente okupa e inquiokupa. Pregunten si no a los vecinos en Tacoronte o en Santa Cruz.
'No a la okupación', 'Abajo la Ley Estatal de Vivienda', o el de «'¿Dónde están las 183.000 viviendas, Pedro Sánchez?' Los eslóganes que Canarias tiene un límite debería esgrimir el próximo 18 de mayo.
Postdata: un año después de tu marcha, tu recuerdo es permanente, querido y añorado amigo Pedro Guerra, director del informativo digital Tiempodecanarias.com.
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