Rego: «Rechazar la acogida solidaria de menores es aceptar la agenda ultra y racista de Vox»

Este lunes 5 de mayo tendrá lugar la Conferencia Extraordinaria Sectorial de Infancia en la que se decidirá sobre la distribución solidaria entre regiones de los menores migrantes no acompañados que acogen Canarias y Ceuta, más de 5.000, los dos puntos de España con más presión migratoria. La ministra, Sira Rego, la encara con «optimismo», y asegura que «no existe ninguna razón para mostrarse contrario a esta acogida solidaria más allá de la aceptación, por parte de determinados gobiernos autonómicos, de la agenda ultra y racista de Vox. La extrema derecha ha pedido al Partido Popular (PP) que escenifique un rechazo a la acogida y algunos dirigentes del PP así lo han hecho para poder seguir contando con el apoyo de Vox».

Tanto Madrid como Aragón han recurrido ya al Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley que por el que se ha modificado el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que permite la distribución entre las regiones de los menores extranjeros no acompañados y que fue aprobado pese a los votos en contra del PP y Vox y con la abstención de UPN. Ambas comunidades creen que la norma «vulnera distintos preceptos» constitucionales e «invade las competencias» autonómicas. El Gobierno de Ayuso, además, considera que la celebración de la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia es «ilegal».

«El real decreto-ley debe ser cumplido por parte de las comunidades autónomas. En Canarias existe una situación que necesita de una respuesta solidaria, con urgencia, y la norma nos otorga un margen para dar una solución y garantizar los derechos de estos niños y estas niñas. Por lo tanto, más allá de lo que las comunidades autónomas estimen oportuno, la obligación del Gobierno y del Ministerio de Juventud e Infancia es garantizar el interés superior de la infancia», asegura Rego al ser preguntada por la oposición de las comunidades dirigidas por el PP al cumplimiento de la norma.

Con respecto a sus expectativas sobre la reunión, en la que difícilmente saldrá una cuerdo por «unanimidad» como se recoge en el decreto-ley, Rego dice que el Ministerio espera que se alcance un acuerdo en un proceso que debe ser «coordinado y participativo». De hecho en esa reunión se deben decidir dos cuestiones. Por un lado, los requisitos que debe cumplir una comunidad, en cuanto a plazas y centros de acogida para menores migrantes no acompañados, para que se pueda declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Esa declaración, que ya ha hecho Canarias, implica la activación del mecanismo de distribución.

Y, por otro lado, las comunidades deben acordar los criterios del reparto. Para ello el Estado pidió a los gobiernos autonómicos los datos actualizados del número de plazas y la ocupación que tenían. Algunas mezclaron la acogida de menores extranjeros solos con la de nacionales y otras, como Aragón, ni siquiera envió sus cifras. Todas, eso sí, menos Cantabria dijeron que sus recursos ya estaban saturados.

Ante este panorama, si no se pusieran de acuerdo, el propio decreto marca la salida. «Otorga la capacidad al Gobierno para establecer el marco de acogida, aunque nuestra intención es avanzar con consenso», abundó Rego.

Pero si no fuera posible, el Ministerio de Juventud e Infancia cuenta con datos actualizados a 31 de diciembre de 2023, explicó la ministra.

«Como ya se alertó desde el que se convalidó el real decreto-ley», añade, serán esos datos «los que se utilizarían en caso de que algunas comunidades no informasen. Esas cifras se cruzarán con las que obran en poder del Ministerio del Interior en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados con el objetivo de contar con una fotografía lo más fiable posible del estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios», advierte.

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