Oposiciones en la ULPGC en entredicho: «Nos sentimos gravemente afectados»

Las personas afectadas por el examen práctico en las oposiciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para acceder a 21 plazas vacantes de personal funcionario de la escala administrativa (subgrupo C1) han presentado una reclamación formal contra la actuación del tribunal calificador en el segundo ejercicio de carácter práctico realizado el pasado 11 de abril.

Exigen la revisión y anulación del ejercicio y su repetición «conforme a los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad».

La reclamación se centra «en la falta de claridad y transparencia en las instrucciones y criterios de evaluación del segundo ejercicio y en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad y publicidad», según destacan en un escrito donde anuncian que en una asamblea celebrada este miércoles se han constituido «en Plataforma de Afectados por las decisiones del Tribunal para llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para hacer valer nuestros derechos».

Y, añaden, no descartan «ninguna vía de actuación incluso acudir a la vía contenciosa administrativa para solicitar la paralización del proceso selectivo». «Los opositores nos sentimos gravemente afectados», resumen.

Además, destacan que están pendientes de reunirse con la nueva gerente de la universidad, María del Pino Alonso, que tomó posesión del cargo esta semana, para «ponerla al corriente de todo lo sucedido» y transmitirle su «malestar».

Las personas aspirantes que se han movilizado detallan lo que consideran una serie de irregularidades en el polémico examen, centrado en el uso de los programas informáticos Word y Excel. Para empezar, hablan de «instrucciones «confusas y ambiguas» que generaron «incertidumbre entre los opositores».

Así, señalan por ejemplo que esa «falta de claridad y la confusión en los enunciados provocó pérdida de tiempo para el opositor para comprender lo solicitado, no siendo esta la finalidad del examen sino comprobar los conocimientos en los programas de Word y Excel tal y como refleja la convocatoria». Este es otro de los puntos esenciales de la queja, «el desajuste entre el proceso selectivo y las bases».

«Otra irregularidad relevante» con respecto a las normas publicadas en la convocatoria «es que en ellas se establece que las pruebas debían imprimirse y firmarse en el acto, lo cual no se cumplió, comprometiendo la autenticidad y autoría de los ejercicios y por lo tanto vulnerando el principio de legalidad que debe regir el proceso», añaden.

Y destacan como otra grave irregularidad que «los criterios de evaluación se publicaron diez días después de realizarse la prueba, en contra de los principios de publicidad, objetividad y transparencia».

El tribunal calificador anuló e pasado lunes la publicación de los ítems de valoración «sin determinar la repetición del ejercicio», destaca la plataforma de afectados. «Este acuerdo es especialmente perjudicial, ya que afecta la seguridad jurídica y la imparcialidad en la corrección de los exámenes», sostienen.

Y añaden que «el tribunal en este acuerdo no hace referencia a ningún criterio objetivo para puntuar cada parte del examen lo que incrementa la arbitrariedad y la falta de claridad en la evaluación».

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