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El coche de la Guardia Civil que trasladó al matrimonio a los Juzgados ALEX PIÑA
La burbuja de los horrores

Niños retenidos en Oviedo

La burbuja de los horrores

El matrimonio que recluyó a sus tres hijos durante casi cuatro años en una casa de la zona rural ahora está en un grupo aislado en la cárcel

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 3 de mayo 2025, 23:29

Tras decretar la jueza el ingreso en prisión, imputados por los delitos de violencia doméstica con maltrato psicológico habitual y abandono de menores, un furgón de la Guardia Civil trasladó el miércoles por la tarde al matrimonio alemán que recluyó a sus tres hijos, de entre 8 y 10 años, en un chalet en la falda del Naranco, durante casi cuatro años, tras la sexta ola de la pandemia del coronavirus. Apenas veinte minutos de trayecto, entre Oviedo y Villabona, para traspasar las puertas del Centro Penitenciario de Asturias, donde pasarán una larga temporada. Ambos llegaron solo con lo puesto y con mascarilla. La madre de los menores, una estadounidense con pasaporte alemán, de 48 años, fue llevada directamente a la Unidad Terapéutica (UTE), la opción elegida tras descartar de momento el módulo de mujeres. Mismo destino que el de su marido, un «corpulento» alemán de 53 años, que tras entrar en el módulo de ingresos y pasar una evaluación, pasa los primeros días en la UTE. Cerca y lejos. A partir de entonces, cualquier contacto entre ellos deberá ser «supervisado».

Cada uno de ellos ha sido incorporado a un grupo reducido de unas quince o veinte personas. Una especie de burbuja carcelaria, tan impuesta como el encierro al que ellos sometieron a sus hijos desde octubre de 2021. En esa fecha alquilaron la vivienda, luego convertida una casa de los horrores repleta de basura y medicamentos, para aislarlos del mundo. Años de soledad y oscuridad, sin pisar ni el jardín ni respirar aire puro, que terminaron este lunes mientras casi toda España se paralizó por el apagón eléctrico.

Un caso inédito, sin precedentes en Oviedo, que se destapó gracias a una alerta vecinal el pasado 14 de abril, en pleno parón del curso escolar por las vacaciones de Semana Santa. Una mujer se puso en contacto con el equipo de Familia e Infancia de la Concejalía de Educación, que trasladó su preocupación e inquietud a la Policía Local de Oviedo. Comenzó así una «sigilosa y discreta vigilancia» en el entorno del chalet, como expusieron el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el jefe de la Policía Local, Javier Lozano. La falta de actividad en el exterior y los voluminosos pedidos al supermercado para una casa donde solo figuraba empadronado el padre fundamentaron cada vez más que el interior ocurría algo extraño. Tras varios días de investigación, los agentes reunieron más indicios que encaminaron a la conclusión que destapó el mediático caso de repercusión nacional. «Hay menores y no están escolarizados». Y siguiendo las directrices de la Fiscalía, este lunes, la Policía Local entró en la vivienda el lunes por la mañana.

El dispositivo comenzó a las 11.15 horas y les pilló de pleno el apagón, por lo que los policías locales lo desarrollaron en gran parte sin luz y sin poder realizar comunicaciones más allá de las que facilitaban los medios propios.

Fue el padre quien les abrió la puerta, poniendo como condición a los agentes para acceder que se pusieran una mascarilla. Los niños llevaban tres. Ya en el interior, la escena resultó «dantesca», describieron los responsables municipales. Demasiadas cajas de medicamentos y mucha suciedad. «Una situación de insalubridad a todas luces que podría poner en riesgo la salud e integridad de los menores», añadieron. Esa insalubridad choca con la justificación de que decidieron aislarlos para proteger su salud.

La cautela sobrevoló el operativo. Primero, los tres hermanos fueron trasladados al HUCA de manera discreta para realizar la primera valoración médica acompañados de su madre, que fue detenida sin contacto visual. El padre había sido ya detenido en la casa. Ambos fueron puestos a disposición de la Guardia Civil, quien se ha encargado del registro posterior y las diligencias. Los menores han sido tutelados por la Consejería de Bienestar Social. Se encuentran «bien». Ahora queda evaluar las posibles secuelas psicológicas por su cierro durante casi cuatro años en esa burbuja de los horrores.

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