Canarias disecciona el ADN de la piña tropical para combatir el fraude de la importación ilegal

El proyecto GO-TRAZCAN ha sacado a la luz una realidad preocupante para el campo canario: la entrada y comercialización ilegal de piña tropical importada en Canarias, a pesar de que su entrada está expresamente prohibida desde 1987.

La iniciativa, liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) junto al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Universidad de La Laguna (ULL) y la cooperativa Platanera de Canarias (COPLACA), ha desarrollado herramientas científicas para detectar fraudes que perjudican directamente a los productos locales.

Durante el estudio se analizaron 127 muestras de piña canaria y 42 de origen importado, evaluando aspectos morfológicos, la composición química, el valor nutricional y la presencia de residuos fitosanitarios, lo cual evidenció claras diferencias entre ambas.

Los resultados no solo revelaron características propias de la piña local, sino que también delataron «prácticas fraudulentas en ciertos establecimientos», advierte Ricardo Díaz, responsable del Departamento de Análisis Ambiental del ITC. Para comprobarlo, el equipo realizó compras anónimas en comercios del archipiélago y cotejó los productos adquiridos con los análisis de laboratorio, constatando que en varios casos se vendían piñas importadas desde Costa Rica como si fueran de origen canario.

Gloria Lobo, investigadora del ICIA, reconoce que el contexto agrava el problema: la producción local cayó significativamente entre 2021 y 2023. Según Lobo, este descenso se debe a la retirada de ciertas materias activas anteriormente autorizadas durante el cultivo. A ello se suma la baja rentabilidad del cultivo en algunas islas y la competencia desleal de producto importado más barato que el local.

Uno de los principales obstáculos para frenar esta situación es la «ausencia de una normativa específica que permita actuar frente al fraude en el origen de los productos», apunta Ricardo Díaz. Según explica, en otras áreas, como el control de plaguicidas, sí existen normativas claras como la ley de 1987. Ésta prohíbe la entrada de determinadas frutas tropicales para evitar que entren plagas o enfermedades en las islas, pero no está pensada para temas de etiquetado o fraude en el origen del producto una vez que ya está dentro.

El estudio demuestra que «la piña canaria no desmerece en absoluto frente a la de Costa Rica en términos de calidad analítica», subraya el investigador. En Canarias se cultivan principalmente dos variedades: la española, predominante en El Hierro, y la MD2, presente en Tenerife y Gran Canaria.

GO-TRAZCAN propone poner en valor la piña canaria para que el consumidor pueda reconocer sus cualidades y dotar a la administración de herramientas eficaces para detectar el fraude. En cuanto al papel del consumidor y el impacto económico, aunque muchas veces se cree que la piña local es más cara, Díaz aclara que no han detectado «una diferencia significativa de precios entre las piñas cuando es nuestra y cuando no». Considera que si se incrementa la demanda del producto local, los precios tenderán a estabilizarse: «Si el consumidor confía, la producción saldrá adelante». En esa línea, destaca que el sector turístico está dando pasos hacia un modelo más autosuficiente: «Hay una cadena hotelera que está cultivando sus propios tropicales» para garantizar su abastecimiento con producto local.

Los resultados del proyecto, financiado con fondos europeos y nacionales, ya se han presentado en Gran Canaria, en Tenerife y El Hierro con el objetivo de trasladar el conocimiento y los resultados al sector agrícola del archipiélago.

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