San Bartolomé de Tirajana insta al Gobierno canario a derogar con urgencia el último decreto sobre residencias en áreas turísticas

El mayor municipio turístico de Canarias se opone de frente a la forma en la que el Gobierno canario está abordando el problema de la compatibilidad del uso residencial en áreas turísticas. El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este martes, y por unanimidad, instar al Ejecutivo regional a que derogue con carácter urgente el reciente decreto-ley 2/2025 de 17 de marzo, de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y que suspenda de facto las sanciones en curso a los propietarios, de tal manera que no tengan los afectados que reclamar esa paralización.

El asunto lo llevó a pleno el PSOE de la mano del edil Kevin Paz y el acuerdo corporativo fue posible después de que los grupos pactasen una enmienda al texto inicial de la moción socialista. San Bartolomé de Tirajana quiere que se retire el decreto ya en vigory que se redacte uno nuevo que paralice los expedientes sancionadores pero sin que ello implique, como obliga el actual, a que sea el propietario el que pida la suspensión y que, de paso, en ese trámite, reconozca que ha incurrido en una supuesta ilegalidad que el afectado o la afectada no reconoce.

La enmienda aprobada solicita al Gobierno canario la modificación de la ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias, en concreto, el apartado 1 de la disposición transitoria séptima. El texto propuesto plantea que «los usos residenciales ya existentes a 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización de usos en las zonas turísticas a que se refiere el artículo 25 de esta ley, se consideren compatibles, quedando en situación legal de consolidación».

Además, por acuerdo de todos los grupos, incluidos los dos, PP-AV y CC, que forman la alianza política que gobierna en Canarias, San Bartolomé de Tirajana insta al Ejecutivo regional a queredacte un nuevo decreto que suspenda todas las sanciones de facto y por dos años, pero no a instancias del particular. Entre las razones que esgrimió Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde y portavoz de CC, para oponerse al decreto-ley regional ya en vigor figura el hecho de que requiere al afectado la aportación de una «documentación muy tediosa que es casi inviable para cualquier administrado».

• Temas
• San Bartolomé de Tirajana